Izquierda Unida

Diputación de Toledo regulará los tribunales de oposición del cuerpo de bomberos del “Consorcio provincial de extinción de incendios y salvamento”.

Lo hace a instancia de Izquierda Unida, mediante una moción aprobada en el Pleno de la Diputación.

Así informan desde Izquierda Unida en la Diputación de Toledo, explicando cómo al saber que próximamente debían de convocarse plazas por concurrencia pública para cubrir diversos puestos de trabajo en el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS), Izquierda Unida consideró que tenía la oportunidad de asegurar el acceso a este organismo con la requerida pulcritud e imparcialidad.

Por eso Izquierda Unida ha planteado que no intervengan, si fuera posible como medida añadida a los criterios establecidos ya en la norma, personas que pertenezcan a la plantilla o haya sido empleado público de administración especial del CPEIS, manteniendo, eso sí, el obligado criterio de formación profesional requerido a los órganos de selección establecido.

Y es que Izquierda Unida, recuerda que las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha, y el CPEIS como administración que en este caso concreto, deben seleccionar a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad de las convocatorias y de sus bases, de transparencia, de imparcialidad, especialización y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, que actúen con independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, con adecuación entre el contenido de las pruebas que formen parte de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, y con agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. Considerando Izquierda Unida que esta propuesta aprobada por el Pleno de la Diputación, contribuye a salvaguardar estos principios.

Jorge Vega, Diputado Provincial de Izquierda Unida: “El acceso a los puestos de trabajo que ofrecen las administraciones debe asegurar criterios no solo de imparcialidad, publicidad, mérito y capacidad, sino también de garantía jurídica suficiente que permitan que la visión ciudadana sobre las administraciones cambie”.

Y concluía Vega: “En este sentido, pensamos que son las administraciones públicas las primeras y más interesadas en proveerse de procedimientos claros, transparentes y seguros que permitan asegurar a la ciudadanía que en estas instituciones no existen mecanismos de acceso opacos y que beneficien solo a unos pocos”.

A %d blogueros les gusta esto: