La moción fue votada por unanimidad de todos los grupos tras aceptar algunas sugerencias que no afectan al cumplimiento de los objetivos sociales de la propuesta.

seseñaEl portavoz Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Seseña, Manuel Fuentes, expuso que uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas es la contratación pública. Su peso económico se cifra en más de un 15% en el PIB del Estado Español. El dinero invertido en 2015 por el Ayuntamiento de Seseña para contrataciones de trabajos realizados por SELYMSA, otras empresas y para subvenciones a empresas que prestan o puedan prestar servicios municipales, aconsejan incidir en esta materia.

                 La contratación pública es una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. Se debe evitar, como venía ocurriendo hasta ahora, que la mayor ponderación del criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las condiciones de los trabajadores.

                 Los objetivos de la administración municipal en este ámbito deben estar dirigidos a la consecución de una contratación pública estratégica, sostenible y sociálmente responsable que tenga en cuenta no sólo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios públicos y en las compras públicas, sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo. La oferta económicamente más ventajosa no tiene por qué identificarse con la del precio más bajo.

                 Es fundamental conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables, y que deje de tener efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa que prestará los servicios públicos cuando se utilice más de un criterio de valoración. De este modo podrá evitarse, continuó diciendo, que la contratación pública incida de forma negativa en el ámbito laboral.

                 Ha de tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el componente económico fundamental viene constituido por el coste de la mano de obra, la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para su adjudicación puede incidir negativamente en el mercado laboral y ser utilizado de forma impropia para justificar numerosas actuaciones que acaban destruyendo empleo y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores.

                 Según Manuel Fuentes, los principales acuerdos de la moción son que en los pliegos de contratación que se realicen desde el Ayuntamiento y sus empresas dependientes se incorporen a partir de este momento cláusulas sociales y medioambientales (criterios como la calidad de las condiciones de empleo, la inserción socio laboral de colectivos desfavorecidos, la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio justo

                 Que los contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito  social serán considerados desde una estricta exigencia de garantías de calidad del servicio en relación al objeto del contrato con criterios tendentes a la mayor especificidad posible.

                 Por último, intentar llegar a acuerdos con las empresas para incorporar  cláusulas sociales en la prórroga de los contratos vigentes.

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