jorge chema toñi caveroLos representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Olías del Rey, José María Fernández (portavoz en el ayuntamiento y coordinador local) y Jorge Vega (diputado provincial) asistieron ayer al asentamiento de la finca de El Cavero, situada en el mismo término municipal al vencer ayer, día 29, el plazo para el lanzamiento judicial sobre este lugar. José María Fernández declaró que “tras más de 20 años de mirar para otro lado las distintas administraciones y conviviendo con el problema, se ha tenido que llegar hasta el último momento para iniciar la solución social, laboral y de realojo familiar a estas familias, lo que demuestra el poco interés mostrado durante todo este tiempo que han consentido convivir con esta situación y han mirado para otro lado”.

Los representantes del grupo municipal reconocen los esfuerzos por llegar a un acuerdo entre varias administraciones, si bien ha sido la propietaria del terreno, la Tesorería de la Seguridad Social la que menos se ha implicado en el asunto, pero convienen que llega tras demasiada espera. “Estamos contentos con que se haya acordado un aplazamiento hasta el 30 de septiembre, pero éste solo puede servir para iniciar los trabajos que tienen que culminar en la puesta en marcha de un plan coordinado entre todas las administraciones que encuentre la solución social, laboral y habitacional para estas familias”, han manifestado Fernández, y continuaba: “Se ha marcado este nuevo plazo de desalojo, pero la edificación donde viven, está en ruinas, como ha declarado el propio Ayuntamiento, y el retraso pude provocar un drama que no deseamos”.

Ya en 2011 el grupo municipal de Izquierda Unida presentó una solución que, en ese momento, era viable, ya que el municipio contaba  con posibilidades que hoy no tiene. Se podría haber trabajado desde la vertiente socio – laboral con el objetivo del realojo de las familias, solución que se está aportando en la actualidad, pero no se pusieron todos los medios adecuados.

Jorge Vega, ha manifestado que “ahora nos acordamos de los despilfarros de algunas administraciones, como los últimos casos hemos conocido de los pisos reformados para uso personal de la Diputación y la barca y embarcaderos en el yacimiento de Vascos, y que ambas suman un total de caso 6,5 millones de euros, con los que se podrían haber hecho frente a situaciones como las que hoy nos toca vivir en Olías. Hemos dejado que caduquen cuatro soluciones habitacionales desde las administraciones. Esperemos que no vuelva a repetirse y para eso trabajaremos.”

 

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