Izquierda Unida

Izquierda Unida de Seseña presenta al Pleno del próximo jueves, 25 de septiembre, dos mociones en defensa de los servicios públicos.

Manuel Fuentes SeseñaManuel Fuentes, portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Seseña, ha declarado que; las políticas del PP están acechando y poniendo en grave peligro los servicios públicos que generan riqueza, empleo y son a la vez eficientes y necesarios.

Para Fuentes, tras los peligrosos ataques a derechos ciudadanos tan básicos como la sanidad, la educación o el empleo por parte del gobierno de M. Rajoy, ahora y a la desesperada por la cercanía de las elecciones, el Partido Popular acomete decisiones que sin duda traerán enormes perjuicios a los ciudadanos en los servicios de bibliotecas públicas como en el servicio de correos entre otros.

“Izquierda Unida no se quedará impasible ante el intento del PP de arrebatar a los ciudadanos lo que les corresponde por derecho. IU de Seseña está y estará siempre del lado del bien general y así lo va a demostrar en el Pleno Municipal con la presentación de estas dos mociones”, declaraba Fuentes.

 Mociones:

 LA SUSPENSIÓN DEL CANON A ABONAR POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

Izquierda Unida está en contra del canon bibliotecario, porque no sólo supone una carga a la situación económica de nuestro  municipio y nuestras bibliotecas sino que obliga a nuestro Ayuntamiento a pagar por prestar  servicios a los que la ley nos obliga, poniendo en peligro la propia esencia de estos espacios y su  supervivencia como servicio público.

Se trata de un nuevo ataque del PP al mundo de la Cultura y la Educación y un paso más en su cruzada contra los servicios públicos. Con esta medida, a la que hay que sumarle los continuos recortes en educación y en cultura en los últimos años por parte de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, se pone en peligro la continuidad de las bibliotecas municipales, tanto el servicio de préstamo como el resto de actividades culturales que se llevan a cabo en estos espacios.

Las bibliotecas municipales -el 96 % de todas las bibliotecas de nuestro país- son el primer eslabón para el desarrollo de las políticas culturales públicas, puerta abierta al conocimiento, al libre pensamiento y a la cultura, constituyen un requisito básico de la educación permanente, el progreso cultural de la persona y los grupos sociales y han garantizado el acceso libre y gratuito de los/as ciudadanos/as a la información y a la lectura.

Además, las bibliotecas públicas ejercen una labor fundamental en el desarrollo cultural de una sociedad democrática, facilitando el acceso a un amplio abanico de ideas y opiniones. Fomentan, asimismo, la lectura, contribuyendo al progreso social, ya que éste también se desarrolla mediante la promoción de la investigación y la facilidad de acceso a las creaciones intelectuales.

Aunque este canon, en un principio, no lo paguen directamente los/as usuarios/as, terminará repercutiendo en ellos/as a través de los presupuestos municipales, tanto en los gastos como la de búsqueda de ingresos, con el pago directo de esta nueva tasa, con peores servicios y una reducción en la inversión en fondos bibliográficos, porque implica que la biblioteca que más libros  preste tendrá un canon mayor y por tanto la reducción en su presupuesto para incorporar nuevos libros o ampliar su colección.

El nuevo canon, en una de sus partes es de aplicación desde el 2 de agosto de este año (un día después de su publicación) y otra parte entrará en vigor el 1 de enero de 2016, gestionado en su totalidad por las entidades de derechos de autor que tramitarán la obligación de remuneración para hacerla llegar anualmente a los autores. Es decir, más negocio privado con el dinero público.

En definitiva, un atentado más a la Cultura y a la Educación, al que numerosos colectivos de bibliotecarios/as, usuarios/as y reconocidos/as escritores/as se están oponiendo y que supone la culminación de una constante persecución a las bibliotecas públicas que lleva años en marcha, primero con constantes reducciones de presupuesto, precarización de las condiciones de trabajo de bibliotecarios/as y siempre con el objetivo final no declarado de privatizar estos servicios y desentenderse de la gestión y desarrollo de las bibliotecas públicas.

Por todo ello, IU eleva  al Pleno de la Corporación declarar que las bibliotecas municipales  cumplen una función de difusión de la cultura y el pensamiento que supone un apoyo al fortalecimiento de los valores democráticos y  manifiesta su rechazo y disconformidad con la posibilidad de adoptar una tasa por préstamo en las bibliotecas públicas, canon establecido en el Real Decreto Real Decreto 624/2014, de 18 de julio y dirigirse al Gobierno de la Nación, instando su supresión.

EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS.

Se observa  con preocupación el sistemático asedio del servicio postal público por parte de algunos grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría afectar a millones de ciudadanos, así como al correcto funcionamiento de la Administración.

Se  ha tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998. Mayor preocupación que los contenidos de la propia demanda supone, si cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que afecta no ya a Correos, sino al propio papel del Estado (porque es al Estado a quien se ataca) como responsable de garantizar la prestación del servicio postal público.

El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI), está sufriendo el operador, está conllevando un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas, entre ellas, Seseña). Y, sobre todo, puede afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores.

Así las cosas, de no darse un posicionamiento del Gobierno en este sentido, consideramos que -además de realizar una clara dejación de responsabilidades- se podría poner en peligro la figura del cartero y de los servicios postales a la ciudadanía, y, tal y como han anunciado las organizaciones sindicales, hay un claro riesgo de conflictividad laboral y social.

Por lo expuesto, se solicita al Estado, entre otras cuestiones, que exprese sin ambigüedad su defensa del servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones entre Ministerios. Que se garanticen los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales a todos los ciudadanos expresados y aprobados en sede del Parlamento español. Garantizar el 100% de participación publica en la Sociedad Anónima Estatal de Correos.

 

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