Resolución de apoyo a los postulados del Foro de Sevilla en materia educativa para la propuesta de una nueva Ley de Educación.

Desde Izquierda Unida nos hemos manifestado abiertamente en contra de la Ley Orgánica para la Mejora y Calidad de la Educación (LOMCE) desde la perspectiva de que nos hemos enfrentado a una propuesta impuesta y no debatida, que no asegura recursos suficientes para mantener una educación universal y, por lo tanto, gratuita y accesible a todas y todos en régimen de igualdad, una ley con marcado tinte mercantilista que busca nuevos nichos de negocio en las necesidades educativas de nuestra población, una ley que mantiene la financiación de los centros privados – concertados desde la administración pública restando con ello la financiación de los centros púbicos que debe asegurar un modelo laico, universal, inclusivo, y que forme a personas con espíritu crítico y no futuros empresarios que han aprendido a explotar, y trabajadores son conciencia que han llegado a perder hasta la necesaria conciencia de clase trabajadora y la conciencia de clase feminista.

Desde Izquierda Unida apostamos por un modelo de educación pública, de calidad, inclusiva y generadora de conciencia crítica en la sociedad que os acerque a una sociedad que persiga la Justicia Social como ejemplo de sociedad.

Izquierda Unida ha participado activamente en un encuentro con entidades sociales y ciudadanas, otros partidos políticos y la sociedad civil en general en Sevilla y hemos elaborado el Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político educativo

El derecho a la educación es un derecho universal que los poderes públicos están obligados a hacer efectivo para todos los ciudadanos y ciudadanas en términos de igualdad y, por tanto, de gratuidad. El instrumento para satisfacer tal derecho fundamental es la Escuela Pública, entendida como la institución que integra el conjunto del sistema educativo y de todos sus niveles, cuya regulación y garantía corresponde a las administraciones públicas.

La política educativa no puede ser sino una política pública; es decir, aquélla que es discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía. Por eso, el primer reto al encarar la política educativa reflejada en un Proyecto de Ley es oponerse a una concepción restringida y poco democrática en la forma de entender cómo se hacen las leyes, sometiendo el proceso de su elaboración a una actividad colectiva, lúcida y consciente, dirigida al análisis y cuestionamiento crítico del estado actual de la educación.

Los principios debatidos en el Foro de Sevilla, y que desde la XVI Asamblea Provincial de Toledo compartimos para nuestra futura nueva Ley de Educación, son:

1. Principios de una Educación democrática.
2. Universalidad del derecho a la educación.
3. Una educación no discriminatoria que garantice la inclusión.
4. Un currículo susceptible de ser diversificado que garantice la autonomía
5. de los territorios, de los centros y del profesorado.
6. Apoyo al profesorado incentivando su formación inicial y reciclaje profesional en contenidos y metodologías de aprendizaje.
7. Autonomía, participación, dirección colegiada y apertura al entorno
8. institucional, social, medioambiental y cultural del centro educativo.
9. La financiación asegurada que garantice la universalidad de acceso.
10. La evaluación del sistema educativo transparente para la sociedad en general, y para las familias en particular.
11. Medio ambiente, ya que el sistema educativo no puede permanecer ajeno al deterioro ambiental que amenaza nuestras condiciones de vida.

En Esquivias, a 26 de noviembre de 2016.