IU defiende impulsa la firma del pacto social por el agua pública en Toledo.

 

IU defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una mercancía.

Jorge Vega, Diputado Provincial, y José María Fernández, responsable provincial de Servicios Sociales, han dado a conocer la iniciativa que promoverá Izquierda Unida y que pretende conseguir un PACTO SOCIAL POR EL AGUA PÚBLICA EN TOLEDO.

Un pacto que desde hoy Izquierda Unida empieza a trabajar en su consecución, cuyo objetivo final conduzca hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental en los municipios de la provincia de Toledo.

Izquierda Unida quiere consensuar con el resto de fuerzas políticas y todos los actores sociales un modelo de gestión de agua que considere el servicio como de acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos, y que ese “Pacto Social” quede regido por unos principios bien definidos.

Este cambio de modelo persigue tres objetivos generales fundamentales.

Uno es frenar la ofensiva privatizadora de este derecho ciudadano que solo busca el interés del beneficio empresarial y que está basada en la gestión integral del servicio a partir de un canon concesional (dinero que entra en las arcas municipales y que ni siquiera acaban invertido en el propio servicio).

En segundo lugar conseguir la meta de la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua.

Y en tercer lugar impulsar un modelo transparente, público y participado.

Para Izquierda Unida la privatización del agua desfigura y limita el poder democrático municipal. Frente a esto, la iniciativa contemplada desde el Pacto Social por el Agua Pública  debe suponer la paralización definitiva de la privatización de nuestra agua, así como sentar las bases para la creación de un modelo público 100%, transparente y participativo. Queremos que” la Democracia llegue al agua”  que es lo mismo que decir que la Democracia llegue a la ciudadanía.

Esto es así, en palabras de Jorge Vega, porque: “IU defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una mercancía. Por ello impulsamos su gestión pública, y apoyamos las luchas sociales contra la privatización. Defendemos el acceso universal al agua bajo principios de eficacia social y ambiental y bajo control democrático. Los gobiernos deben abandonar las aventuras fallidas de mercantilización del agua y la privatización de sus servicios”.

Por su parte José María Fernández, declaraba: “Esta mercantilización y las graves consecuencias para la ciudadanía que ve atacado los pilares de calidad, transparencia y eficacia de las administraciones en la gestión de este derecho humano, es el que está llevando a la sociedad civil a movilizarse contra una tendencia que solo resiste en nuestro país, que es la de privatizar este servicio, mientras en el resto del mundo la tendencia es la contraria, es la de “desprivatizar” el servicio. La sociedad civil, de forma consensuada, está decidiendo que prefiere un modelo público de gestión basado en criterios de transparencia, rendición de cuentas y participación social”.