La Diputación de Toledo declara a la provincia de Toledo, libre de prostitución y de trata de mujeres y niñas.

A instancias de Izquierda Unida, el Pleno de la Diputación aprueba la moción presentada por Jorge Vega, Diputado Provincial.

Izquierda Unida-Ganemos, PSOE y Partido Popular, votaron a favor. Ciudadanos se abstuvo.

La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay que reglamentar, ya que consideramos que es una forma de violencia de género extrema: «lo que las mujeres y hombres en situación de prostitución tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violencia reiterada. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero puede transformar ese abuso en un «empleo», al que se quiere dar el nombre de «trabajo sexual»?.

Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres.

Al legitimarla se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción sexual de las mujeres, con efecto negativos no solamente sobre las mujeres y las niñas que están en situación de prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo, ya que la prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya definición sería la de estar al servicio sexual de los hombres.

Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que provocan que las mujeres entren en la prostitución. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una «opción para las pobres»

Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres, ¿cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas sabrán que su futuro puede estar la prostitución, viendo a otras exhibirse en escaparates al estilo del barrio rojo de Holanda, y los chicos sabrán que pueden usarlas para su disfrute sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por ello?

En una sociedad que regule la prostitución estamos socializando a niños y niñas en valores claramente diferenciados: a los niños, en que ellos como hombres van  poder comprar, pagar por usar, el cuerpo, la atención, el tiempo, etc, de las mujeres; y a las niñas, en que ellas como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres. Quizás no ellas personal o directamente, pero sí las mujeres, muchas mujeres. Si se regula la prostitución, educar en igualdad es nuestras ciudades va a ser imposible.

Por eso compartimos y defendemos de forma decidida la ambiciosa postura del movimiento abolicionista que busca ir a la raíz del problema que afecta a los derechos humanos. Derechos que, en tanto que esenciales, están fuera de discusión: los de toda persona  a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. De ahí que el foco debamos dirigirlo a las personas que demandan, la clientela, los prostituidores. Porque sin demanda, la oferta desaparece.

Estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica, de valores y en una lucha por construir otra subjetividad y otra conciencia social. Si queremos construir realmente una sociedad en igualdad hemos de centrar las medidas en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta: Suecia penaliza a los hombres que compran mujeres o niños con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa, porque tipifica este delito como «violencia remunerada». En ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, ni pretende su penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños.

Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución pasa por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore la igualdad a ambos sexos. Cambiar su destino pasa por perseguir las mafias y no favorecer su instalación en otro país con leyes permisivas y con modelos económicos basados en el «ladrillo» o en «Eurovegas» en nuestras ciudades. Cambiar su destino pasa por transformar la mentalidad de los varones, no solo con multas que les quiten las ganas, sino con una educación que obligue a los medios a cambiar la imagen de la mujer como objetos sexuales y a los hombres a corresponsabilizarse emocional y vitalmente. Cambiar su destino pasa porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos.

Se dice que la prostitución siempre ha existido. También las guerras, la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre, etc. Pero esto no es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginarlo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales femeninos. Solo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la sociedad y en la educación, y las prácticas reales que mantenemos y fomentamos.

Por todo lo anteriormente expuesto,  Izquierda Unida – Ganemos en la Diputación Provincial de Toledo, propuso al pleno de la Diputación de Toledo que se adoptaran los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1. Diseñar una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres, visibilizando al denominado eufemísticamente «cliente», siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimar social y públicamente a los prostituidores, protagonistas, actores responsables y cómplices activos de esta forma de violencia de género.
2. Exigir al gobierno Central y a nuestra Comunidad Autónoma que se aplique la Ley, persiguiendo la trata de mujeres, a los proxenetas que están campando por sus fueros en clubes y burdeles de carretera que todo el mundo conoce.
3. En colaboración con la Administración Central y la Autonómica, la Diputación Provincial de Toledo centrará la acción en la erradicación de la demanda, proponiendo la denuncia, persecución y penalización del cliente y del proxeneta, exigiendo al Gobierno Central que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, por ejemplo, a los hombres que comprar mujeres con fines de comercio sexual.
4. Proveer fondos para una mayor dotación de unos servicios sociales integrales dirigidos a que cualquier persona explotada sexualmente pueda dejar la prostitución. En este sentido solicitamos incrementar la partida existente en materia de igualdad en los presupuestos de la Diputación, así como convocar una Comisión específica para decidir qué acciones se desarrollan y qué presupuesto se destina.
5. Desde el área que tenga la competencia en servicios sociales en la Diputación Provincial de Toledo, trabajar en la intervención preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia, En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, exigiremos al gobierno que embargue los bienes de esa industria e invertirlos en el futuro de las personas que están en la prostitución proporcionando recursos económicos y alternativas reales.
6. Instar al Gobierno Central y Autonómico para que establezca normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, que suponen una forma de colaborar con las prostitución que controlan proxenetas y mafias y una forma de colaborar con la violencia de género.
7. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.
8. Incorporarnos a la Red de Municipios Libres de Tráfico de Mujeres y Menores para la Explotación Sexual
9. Aumentar el control municipal y endurecimiento de los requisitos y licencias a bares/hostales para evitar la proliferación de locales de alterne/prostíbulos, y en la medida de lo posible cerrar los existentes
10. Iniciar programas de formación a profesionales que puedan desarrollar sus labores profesionales en el entorno de la prostitución, tales como policía local o los servicios sociales municipales